El Presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, le ha enviado una carta a Dª María José Rallo,  Secretaria de Transportes y Movilidad, la cual pueden descargarse pinchando aquí.

En primer lugar, en nombre de los que formamos la Confederación queremos agradeceros el gran esfuerzo que estáis realizando en estos momentos tan complicados y sobrevenidos para todos, así como mostraros todo nuestro apoyo.

El motivo de dirigirme a ti es en relación con la publicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En este sentido, las medidas adoptadas por el Ejecutivo español se acogen positivamente para las empresas con facturación menor a 6 millones de euros, pero es de señalar que hay un número importante de empresas que componen nuestro sector que tienen una facturación superior (200 empresas), por lo que quedan excluidas de tales medidas. Ahora bien, teniendo en cuenta la actual situación de excepcionalidad y crisis a la que nos estamos enfrentando, entendemos que el Gobierno debe velar por la continuidad de todas las empresas, y del empleo en conjunto que genera nuestro sector, independientemente de su facturación.

Quiero incidir en el hecho de que la especialísima situación por la que está atravesando el país, y el carácter absolutamente extraordinario y sobrevenido de la situación, nos lleva a solicitar medidas excepcionales y de aplicación inmediata, orientadas a salvaguardar la viabilidad económica y la sostenibilidad misma de los contratos de servicio público a corto y medio plazo.

La actividad de nuestro sector es muy intensiva en recursos humamos y capital. Nuestras empresas precisan de medidas que inyecten liquidez, ante la fortísima caída de demanda e ingresos que se está produciendo (en muchos casos el cese de actividad está siendo casi total). De lo contrario, la drástica reducción de los flujos de caja motivará una situación inasumible para las empresas, poniendo en riesgo su viabilidad y la continuidad de los negocios, y por ende de la generación de empleo y la movilidad.

Solamente tres partidas (personal, combustible y financiación de la renovación de flota) representan el 85% de los costes, y las tres precisan de tesorería suficiente para hacerlas frente, mantener vivas las empresas y cumplir así con las obligaciones de servicio público.

En este contexto, proponemos una serie de medidas necesarias para preservar el funcionamiento de las empresas de transporte de viajeros, para lo cual consideramos de especial importancia inyectar liquidez a las empresas.

En primer lugar, planteamos la adopción de un paquete de medidas extraordinarias compensatorias del equilibrio económico de las concesiones de servicios públicos de transporte regular de uso general de viajeros por carretera, dependientes de la Administración General del Estado. Estas concesiones se gestionan a riesgo y ventura, con una oferta regulada y sujeta a obligaciones de servicio público. La práctica totalidad de expediciones de servicios que se están realizando, en el régimen de estado de alarma en que nos encontramos, están siendo muy deficitarias para las empresas operadoras. Debido a la propia caída de la movilidad, y a las restricciones añadidas de capacidad de las expediciones (lógicas por otro lado desde un punto de vista sanitario) que hacen que los autobuses circulen prácticamente sin viajeros a bordo. La Administración tiene el firme compromiso de nuestras empresas para mantener el servicio público en estas circunstancias. Estamos alineados con la Administración para ofrecer un servicio esencial de movilidad para las personas que demandan nuestros servicios. Pero necesitamos medidas urgentes que compensen los costes en que estamos incurriendo, como podría ser la adopción de un régimen económico extraordinario y transitorio en el que las empresas concesionarias reciban una aportación económica de la Administración para cubrir el déficit de tarifa actual.

En segundo lugar, en relación con la figura de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) que contempla el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias, consideramos que las empresas de más de 50 trabajadores también deberían estar exoneradas al 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, sin coste, como ya se hizo para el transporte en el año 2002.

En tercer lugar, solicitamos la posibilidad de aplazar el pago de impuestos, especialmente del IVA y las retenciones del IRPF. Además, y especialmente vinculado a nuestro sector, resulta imprescindible permitir el aplazamiento de las cuotas de leasings y préstamos durante 6 meses.

En cuarto lugar, y para asegurar una financiación rápida y liquidez de las empresas, planteamos la opción de préstamos sin interés para afrontar necesidades del servicio público (durante el periodo que dure el estado de alarma, y en su fase posterior para salvaguardar el tejido empresarial actual).

Por último, y respecto al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, entendemos que, para poder garantizar el sostenimiento de los servicios que se están prestando, se precisa habilitar una partida económica para ayudar a los operadores de transporte de viajeros por carretera que están efectuando los servicios a riesgo y ventura. Pues en modo contrario resultará difícil garantizar la continuidad de las líneas regulares estatales si la situación de excepcionalidad continúa más semanas.

23/03/2020