Este es el texto íntegro de la carta que ha mandado el presidente del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El pasado 4 de junio mantuvo usted una reunión con los representantes del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en el curso de la cual se le expusieron, entre otras, las medidas de tipo económico que se estimaban imprescindibles para que nuestros profesionales y empresas pudieran subsistir la crisis provocada por la pandemia del Covid 19 y el consiguiente estado de alarma, así como otro paquete de medidas estructurales que habrían de conducir a una modificación de la Ley de Contrato de Transporte en términos equiparables a las de los más modernos ordenamientos en el marco del Derecho comparado. Medidas económicas y estructurales, en cuya enumeración no abundo por estar ya sobradamente expuestas en su presencia.

Le recuerdo que, por su parte, se produjo el compromiso de enviarnos de modo urgente, un listado con las gestiones a realizar por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana con el resto de los ministerios afectados, así como el anuncio de una mesa de negociación con los representantes de empresas cargadoras, y operadores logísticos, para abordar la modificación de la normativa de transporte en aquellos aspectos estructurales que este comité demandaba.

Hasta la fecha, no tenemos noticia de respuesta alguna a nuestras peticiones, más allá de un anuncio sorpresivo por parte del Gobierno de modificación, con fecha cierta, de la normativa reguladora de los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías, reivindicación histórica de las grandes empresas de distribución, adoptada sin considerar en modo alguno las razones de este sector. En consecuencia, manifestamos nuestra intención de no acudir a esa ofertada mesa de negociación con las empresas cargadoras, en tanto que no se produzca una pública enmienda a la medida anunciada. En el entendido, de que si durante años de negociación con las empresas cargadoras, con su anhelado cambio de normativa de pesos y dimensiones en juego, nada se consiguió, menos aún se habrá de conseguir cuando ya hayan logrado su objetivo “gratis et amore” por concesión graciosa de este gobierno.

Pero el umbral de agravio no se ha alcanzado con esa medida. Con motivo de la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por el que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos, este Comité Nacional no solo advirtió del absurdo de que, con esa regulación, habría vehículos que deberían pasar dos inspecciones técnicas prácticamente seguidas, con un inútil incremento de coste del que no se obtendría otro beneficio que asegurar los ingresos de las estaciones ITV, sin mérito alguno a favor de la seguridad vial. Pero, lo más grave, es que a partir del 21 de junio con el fin de estado de alarma y consiguiente cesación de la moratoria para cumplir con el trámite de esta Inspección, todos aquellos vehículos de transporte profesional a los que les venza su certificado ITV, se verán obligados a pedir cita previa, no solo sin ningún tipo de preferencia, sino que son pospuestos por las estaciones ITV para meses tan tardíos como el mes de septiembre, circunstancia que obligará forzosamente a parar a un importante número de vehículos, situación que no parece ir en la línea de recuperación económica alguna.

Pues bien, denunciada la anterior situación mediante una comunicación al gabinete de crisis habilitado a estos efectos, por toda respuesta desde la Secretaría General de Industria y de la Pyme, en un correo anónimo fechado el 18 de junio, se contestó reprochando de la situación creada a los profesionales así afectados, obviando la realidad del estado de alarma, el cierre durante meses de las estaciones ITV que nadie pudo prever menos, por lo visto, el avisado funcionario del Ministerio de Industria redactor de semejante respuesta. Entendemos que el problema es muy grave, la respuesta insultante, fuera de lugar y que hace rebosar el vaso de la paciencia de este sector.

En atención a los anteriores antecedentes, la situación de urgente y grave necesidad por la que atraviesa el sector, nos vemos en la desagradable tesitura de advertir que, o se da inmediata respuesta a la petición de auxilio que este Comité Nacional le formuló el pasado 4 de junio, o nos veremos forzados a convocar un paro nacional por dos días a finales de julio, medida que podrá ser sucedida por otras más rigurosas en el caso de continuar sin respuesta.

22/06/2020