El Comité Nacional del Transporte por Carretera, en su reunión del 19 de febrero, acordó una serie de puntos de reivindicación a proponer al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que son:

27/02/2020

  1. Oposición a la tarificación de infraestructuras. Exigencia de presencia del Comité Nacional en cuantas mesas de debate de la cuestión se abran. Oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje.
  2. Modificación de la ley de contrato de transporte, derogando la posibilidad del pacto en contrario, en las siguientes materias: plazos de pago; aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga. Incluyendo la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo. Coordinación de las actividades de transporte. Por último, reducción del tiempo previsto para la paralización, y su pago efectivo por parte de los cargadores.
  3. Oposición a la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes.
  4. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia desleal.
  5. Coordinación de planes de movilidad. Negociación y racionalización en la política de transición ecológica.
  6. Armonización fiscal en el sector del transporte. Entrada en vigor de lo previsto en la Ley del IRPF a partir del 1 de enero de 2022.
  7. Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria. Con certificación de área segura.
  8. Régimen alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 Tn de MMA.
  9. Mantenimiento de las ayudas al abandono de actividad y a la formación.
  10. Requerimiento al Gobierno para que inste las medidas legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado.