El Ministerio de Fomento apuesta por nuevas bonificaciones a los transportistas para el desvío del tráfico pesado a las autopistas de peaje, mantiene su oposición a la implantación de la Euroviñeta en España e insiste en que la asunción de la deuda de las autopistas en quiebra no es una decisión política, ya que responde a un proceso judicial.

Estas son las principales líneas estratégicas que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha trasladado en su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados del pasado lunes 19 de diciembre, en la que ha analizado las primeras actuaciones a acometer por su departamento.

En primer lugar, Fomento no tiene intención de implantar la Euroviñeta. Así de tajante ha contestado el ministro a una cuestión, planteada desde el Grupo Mixto, que el Ministerio de Hacienda volvió a poner sobre la mesa en noviembre.

Por otro lado, durante su primera comparecencia, De la Serna ha apuntado que una de las primeras líneas de actuación del Ministerio será “fomentar el uso de las infraestructuras existentes”. Una de las dos actuaciones concretas que el ministro ha querido destacar será el “aprovechamiento de las autopistas a través de planes de bonificaciones”.

“Nuestro objetivo es buscar acuerdos con las administraciones territoriales para que los vehículos pesados utilicen las autopistas en aquellos lugares donde existan itinerarios alternativos a las carreteras convencionales”, ha explicado el ministro de Fomento.

De la Serna ha puesto como “ejemplo exitoso” y con “resultados satisfactorios” la política de bonificaciones de la AP-7 en Cataluña, que ha permitido retirar de las carreteras el paso de 3,7 millones de vehículos pesados. Además, desde que se aplicó esta medida en la N-II se han reducido los accidentes mortales un 72% en dicha vía.

“Esta experiencia positiva nos lleva a seguir trabajando en esta línea”, ha apuntado el ministro, quien ha adelantado que la implantación en las carreteras N-340 y N-240 de políticas similares a la puesta en marcha en la AP-7 será uno de los temas que se tratarán en la próxima reunión con la Generalitat de Cataluña.

En lo que se refiere a la asunción de la deuda de las autopistas en quiebra, el ministro ha insistido en que esta actuación, que podía suponer un desembolso para las arcas públicas de 5.000 millones de euros, “no responde a una decisión política sino a la resolución de un proceso judicial”.

Según ha recordado, la Responsabilidad Patrimonial del Estado obliga al Gobierno a asumir la deuda una vez que la Justicia dicta la liquidación. A este respecto, desde Ciudadanos han apuntado la necesidad de llevar a cabo una modificación de la Ley de Contratos y la creación de una oficina de evaluación que analice las concesiones a otorgar.

(Fuente de la noticia, Cadena de Suministro).