La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) denuncia una crisis de gestión en la Dirección General de Tráfico (DGT) que está afectando de manera negativa al funcionamiento diario de las empresas de transporte.

Aunque la situación varía según el territorio, CONETRANS considera inadmisibles los retrasos actuales tanto en la realización de exámenes de tráfico como en la tramitación de gestiones administrativas vinculadas a los vehículos. En el caso de los exámenes, los plazos de espera se han vuelto insostenibles, situándose entre dos meses en el mejor de los casos y hasta ocho meses en algunos lugares.

Ante este escenario, el sector reclama medidas urgentes para descongestionar el sistema, como priorizar los permisos vinculados al transporte profesional y valorar la incorporación de examinadores externos, siempre bajo validación de la DGT, con el fin de agilizar los procesos.

CONETRANS advierte de que estas demoras agravan aún más la falta de conductores que sufre el sector. Atribuye el problema, entre otras causas, a la escasez estructural de examinadores, la dificultad para cubrir bajas médicas y una rigidez burocrática que, a su juicio, bloquea la entrada de nuevos profesionales, pese al esfuerzo empresarial por captar conductores en terceros países.

La organización denuncia también la disparidad de criterios entre jefaturas provinciales en relación con el canje de permisos de conductores procedentes de terceros países, lo que provoca que los plazos para estos trámites varíen según la provincia.

Asimismo, CONETRANS señala la falta de personal administrativo en las jefaturas de tráfico, lo que retrasa numerosas gestiones y genera problemas de operatividad y aumento de costes para las empresas. Como ejemplo, afirma que el plazo medio para matricular un camión se sitúa actualmente en torno a diez días desde la presentación de la documentación, y que las demoras afectan igualmente a transferencias, bajas, duplicados y otros trámites.

Por todo ello, CONETRANS exige que la DGT refuerce los medios humanos necesarios para reducir los retrasos en exámenes y gestiones administrativas, y que se garantice una aplicación uniforme de los criterios en todo el territorio, incluida la regulación del tiempo durante el cual los conductores extranjeros pueden ejercer antes de realizar el canje de sus permisos.