
Para el sector del transporte de viajeros por carretera el nuevo paquete de actuaciones orientadas a mitigar el encarecimiento de la energía y sus efectos sobre la economía, no responde de forma adecuada a la magnitud de los problemas que atraviesan las empresas de autobuses en un contexto marcado por el fuerte incremento del precio del petróleo, el gas y la electricidad. CONFEBUS considera que la ayuda directa de 975 € por vehículo propulsado por gas es claramente insuficiente, así como la bonificación de 0,20 €/litro para los vehículos de gasóleo.
En las últimas semanas, el precio del crudo se ha situado por encima de los 100 dólares por barril (Brent), mientras que el gasóleo en España se encuentra rozando los 2 €/l, lo que suponen un incremento de más del 36% desde que comenzara la crisis.
Por su parte, el pasado mes de septiembre el precio del gas natural en el mercado ibérico (MIBGAS) superó los 84 €/MWh, alcanzando máximos no vistos desde enero de 2023, con un incremento del precio medio cercano al 145% desde el mes de febrero.
Este escenario tiene un impacto directo en el transporte en autobús, donde el combustible representa ya entre el 35% y un 40% de los costes operativos, esta subida supone un impacto inmediato sobre la viabilidad económica de los servicios, especialmente en los contratos públicos con tarifas cerradas o con revisiones lentas (escolares, urbanos e interurbanos).
En este contexto, CONFEBUS ya trasladó hace unos días a los Ministerios de Transportes y de Economía la necesidad de adoptar medidas urgentes y específicas para el sector.
Medidas propuestas por CONFEBUS
La confederación insiste en la necesidad de reforzar y ampliar las ayudas propuestas por el Gobierno, para permitir a las empresas de transporte en autobús absorber el impacto del shock energético y garantizar la continuidad del servicio a través de las siguientes medidas:
- Reducción temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos, con una rebaja de 0,40 €/l a través del gasóleo profesional.
- Corregir el tratamiento desigual de las flotas propulsadas por gas natural.
- Agilizar los mecanismos de pago de las ayudas, así como hacer efectivo las compensaciones pendientes de los paquetes de ayudas anteriores.
- Revisar el marco regulatorio de los contratos públicos, incluyendo la adaptación de la Ley de Desindexación de la Economía y la introducción de cláusulas de revisión de precios vinculadas al coste de las diferentes energías.
- Campañas de promoción del transporte público como herramienta de ahorro energético.
- Acelerar las ayudas a la descarbonización, con mayor apoyo a la renovación de flotas (vehículos híbridos, eléctricos, gas natural, biometano, etc.).
“Aunque las medidas propuestas son positivas no responden a la magnitud del incremento de los costes energéticos que están soportando las empresas de transporte autobús. Necesitamos ayudas proporcionales al sobrecoste real de la energía y mecanismos que permitan adaptar los contratos públicos a situaciones excepcionales como la actual. El objetivo debe ser garantizar la viabilidad de los servicios y de las empresas”, señala Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS.
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