Dos meses después del inicio de la guerra con Irán, los analistas geopolíticos coinciden en que es difícil vislumbrar su final. Ante ello, y con el conflicto como causa de una fuerte escalada de los precios energéticos, CONFEBUS, la Confederación Española de Transporte en Autobús, solicita al Gobierno la implantación de medidas adicionales a las acometidas, que ya no son suficientes ante el agravamiento de la crisis energética.

Desde el 28 de febrero, fecha del inicio del conflicto, el precio del crudo ha superado los 100 dólares por barril (Brent) en reiteradas ocasiones, mientras que el gasóleo ha aumentado en España en torno a 40 céntimos por litro, situándose en más de 1,80 €/l de media. Por su parte, el precio del gas natural, que actualmente ronda los 44 €/MWh, se ha encarecido en más de un 30%.

Además, el IPC de marzo reflejó una subida generalizada de los precios, influenciada sobre todo por la energía. Un grave episodio inflacionario que condiciona el día a día de las familias, pero también de las empresas de transporte, cuya estructura de costes se está viendo muy afectada.

En condiciones normales, el combustible representa entre el 25 y el 35% de los costes de las empresas del sector del transporte en autobús, pero en este contexto escala hasta alrededor del 40%, a lo que hay que añadir el incremento de otras partidas como los lubricantes o los neumáticos.

El Gobierno ha adoptado varias medidas para intentar paliar los efectos, pero se van haciendo más insuficientes con el paso de los días y la duración del conflicto.

Desde CONFEBUS se considera que la bonificación de 0,20 €/litro es insuficiente, así como la ayuda de 975 € para los vehículos de gas. Además, los autobuses eléctricos han quedado excluidos las ayudas. Esta situación exige de iniciativas excepcionales como la habilitación de la revisión extraordinaria de los contratos públicos (escolares, interurbanos, urbanos).

De no producirse una revisión de los contratos públicos, quedaría en el aire la viabilidad económica de cientos de empresas del sector del transporte en autobús que llevan años demostrando su fiabilidad y compromiso con el servicio público que prestan.

Esta semana, la Comisión Europea ha lanzado un paquete de medidas, «AccelerateEU», para reforzar la resiliencia energética de la UE y proteger a los europeos de la crisis energética.

Así, la Comisión adoptará un Marco Temporal de Ayudas Estatales, que proporcionará flexibilidad adicional a los gobiernos nacionales, incluidas medidas de emergencia para apoyar a los sectores económicos más expuestos y también insta a movilizar fondos europeos y nacionales para descarbonizar las flotas, por lo que recomiendan a los Estados miembros que haya más apoyo directo a autobuses más eficientes medioambientalmente mediante ayudas.

Por otro lado, entre las recomendaciones, plantea bajadas en el precio del transporte público para promover su uso o incluso su gratuidad para determinados grupos de personas (por ejemplo, las más vulnerables), en línea con su política de paliar el impacto de la crisis energética en millones de hogares. Como defensores del transporte público como un derecho, CONFEBUS apoya estas propuestas, que en todo caso debe de ir acompañada de medidas para las compañías del sector como la revisión de los contratos públicos.

Otras medidas que propone la Confederación son ayudas directas a las empresas de transporte, mediante transferencias de 1.500 euros por vehículo; la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social; o la aceleración de las ayudas a la descarbonización, con mayor apoyo a la renovación de flotas (vehículos híbridos, eléctricos, biometano, etc.).

Las ayudas impulsadas por el Gobierno son positivas, pero se están quedando cortas a causa de un conflicto bélico que se va complicando cada día. El sector no puede asumir la inflación, tampoco los ciudadanos, por lo que pedimos medidas urgentes y extraordinarias. Entre ellas, acabar con los efectos indeseados de la Ley de Desindexación.