El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) han firmado un Protocolo con el objeto de mejorar la coordinación funcional y operativa entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Transporte Terrestre en la lucha contra las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del transporte por carretera y en especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal.

En dicho Protocolo se ha priorizado el control de aquellas empresas que no tengan a todos sus conductores dados de alta en la Seguridad Social o cursen fraudulentamente sus altas en otros estados miembros de la Unión Europea mediante la creación de estructuras empresariales sin actividad real, contraten a conductores a tiempo parcial cuando realizan jornada complete, o bien utilizan falsos autónomos.

El objetivo principal del Protocolo es potenciar la eficacia de los mecanismos de control y reforzar los instrumentos de disuasión y de reacción frente a conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales.

En este sentido, se da un paso más para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector del transporte por carretera y en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector.

La coordinación y cooperación entre ambas inspecciones es imprescindible para abordar un fenómeno tan complejo como es el fraude en sus diferentes manifestaciones, lo que permite desarrollar políticas públicas de prevención y corrección más eficaces.

La firma del protocolo supone un paso más hacia la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector del transporte por carretera y la defensa de los derechos de los trabajadores del sector.

Lucha contra el fraude

El objeto por tanto del protocolo es detectar prácticas como las usadas con las “falsas cooperativas” u otras que pudieran surgir. Se prestará especial atención a aquellas empresas, denominadas empresas buzón,  que han desarrollado regímenes de empleos complejos sin actividad económica real en el país donde tiene su sede y donde contratan a los trabajadores, pero con actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea donde realmente prestan sus servicios, utilizando fraudulentamente la figura de los desplazamientos transnacionales u otras figuras de movilidad intracomunitaria para eludir las normas que resultan de aplicación.

Además, el protocolo prevé el intercambio o cruce de bases de datos entre las distintas inspecciones, dentro del respeto a la ley de protección de datos de carácter personal, con el fin de conseguir una mejor localización de posibles bolsas de fraude, en aras de la eficacia de la actividad inspectora.

Se impartirán los cursos de formación necesarios entre el personal adscrito a ambas Inspecciones, a fin de que cada una de ellas tenga un mayor conocimiento de la documentación que se pueda examinar y desarrollen unas mejoras prácticas en el ejercicio de su función.