Asetra Segovia se une a la inquietud y a las peticiones formuladas por FETRACAL y CETM ante la evolución del conflicto en Oriente Medio y su impacto directo sobre el transporte por carretera. La inestabilidad en una zona clave para el suministro energético está generando volatilidad y presión al alza sobre el precio del petróleo, con un efecto inmediato en el gasóleo. En este enlace pueden leer los comunicados de las citadas organizaciones.

En un sector en el que el combustible es un coste estructural, cualquier incremento significativo y prolongado golpea de lleno la viabilidad de las empresas, especialmente pymes y autónomos, que operan con márgenes muy ajustados. Esto afecta tanto al transporte de mercancías como al de viajeros, y termina repercutiendo en la cadena de suministro, en la continuidad del servicio y en la competitividad de la economía nacional.

Por ello, recordamos a las empresas transportistas que la revisión del precio del transporte por variación del carburante es obligatoria en los términos previstos en la normativa vigente. Cuando la diferencia del precio del gasóleo entre la fecha de contratación y la de realización del transporte alcance el umbral establecido, la actualización del precio debe aplicarse y reflejarse de manera desglosada. Lo explicamos en el siguiente artículo.

Al mismo tiempo, consideramos imprescindible activar medidas preventivas para amortiguar este impacto y evitar que las empresas asuman en solitario un coste sobrevenido. En particular, instamos a que, en los contratos vinculados a la Administración, se habiliten mecanismos ágiles y objetivos de revisión de precios, de forma que el incremento del carburante pueda repercutirse sin demoras que pongan en riesgo la prestación del servicio.

De manera paralela, solicitamos al Gobierno de España que adopte cuanto antes medidas temporales que frenen o compensen el impacto, como se ha hecho en anteriores situaciones excepcionales: mecanismos temporales de compensación directa por incrementos excepcionales del gasóleo, así como medidas fiscales, financieras o incluso laborales que garanticen la liquidez y continuidad operativa de las empresas.

La rapidez en la toma de decisiones es determinante para preservar actividad, empleo y estabilidad del suministro.