La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad interpuestos por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Guipúzcoa contra la sentencia del Tribunal Supremo que, confirmando la dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, declaraba nulos los peajes a camiones puestos en marcha en 2018 en determinados tramos de las carreteras N-1 y A-15.

La Diputación Foral de Guipúzcoa, en lugar de admitir las continuas decisiones judiciales que siempre han dado la razón al sector del transporte por carretera al considerar que estos peajes eran injustos y discriminatorios, ha mantenido una actitud irresponsable e irrespetuosa en su obcecación por seguir cobrando a los vehículos pesados unos peajes para los que no tenía cobertura legal alguna.

Ante este nuevo Auto que ratifica la ilegalidad de los peajes y desarticula las tretas jurídicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa para seguir cobrando a los transportistas, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) reclama a dicha Diputación que acate las decisiones judiciales y deje de perseguir a un sector que es vital para el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto, como ha podido comprobarse durante esta pandemia.

La principal patronal del transporte de mercancías de España ya está trabajando en un sistema que facilite a sus empresas asociadas la reclamación de los importes abonados hasta el momento por estos peajes, así como los intereses de demora, y advierte de que no permanecerá impasible ante cualquier nueva norma que pueda preparar la Diputación Foral de Guipúzcoa ante su empeño por seguir cobrando a los vehículos de transporte y emprendería las acciones necesarias para poner fin a esta ofuscación.

Por su parte Transporte Profesional informa que, tras un mes manteniendo su posición de que no va a cambiar sus planes pese al fallo judicial, la Diputación de Guipúzcoa terminado dando su “brazo a torcer” en admitir que no le queda más remedio que paralizar el cobro de los peajes a camiones puestos en marcha en 2018, tanto en la N-1 como en la A-15, tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo la norma que lo regula, tras el Auto del Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de casación notificado a las partes el pasado mes de mayo.

Durante todo este tiempo, el Gobierno provincial ha vertido descalificativos ofensivos hacia el colectivo del transporte por carretera, confundiendo a la opinión pública guipuzcoana con su pretensión de mantener vigente el actual sistema, aprobando un Decreto express de prórroga hasta que tramitaran la nueva Norma Foral que han anunciado que pretenden aprobar estableciendo un nuevo sistema de peajes sobre todo el trazado de ambas vías, para lo que necesitarían antes el visto bueno de la Comisión europea.

Sin embargo, la querella criminal presentada por las asociaciones de transportistas (ver Asetra Informa 97-2021) hace una semana ha debido hacer reconsiderar esa actitud de desafío al Estado de Derecho, lo que ha llevado a la Diputación de Guipúzcoa a anunciar su intención de suspender el cobro de los peajes, una vez que se publique en los próximos días la sentencia en el Boletín Provincial.

De no haber dado marcha atrás en su postura, la Diputación de Guipúzcoa habría incurrido en una desobediencia judicial grave, y reitera su ofrecimiento a abrir una mesa de diálogo con el sector del transporte por carretera para negociar la futura implantación de un nuevo sistema.

Y mientras, en Vizcaya…

También informa Transporte Profesional que la Diputación de Vizcaya ha anunciado su intención de aplicar, a partir del otoño del 2022, un canon al paso de los camiones por varias carreteras vizcaínas, con el objetivo de redistribuir el tráfico de más de 4.000 camiones diarios a las actuales autopistas de peaje. Esta medida se articularía a través de la instalación de una treintena arcos de control en diferentes vías provinciales, entre otras, en la A-8, la N-240, la N-636 y la N-637 que, mediante un sistema de comprobación de matrícula, cargaría directamente el importe del peaje en la empresa transportista titular del camión sin necesidad de detenerse.

La norma foral que se apruebe deberá ser refrendada antes por la Comisión Europea, una vez analizada su compatibilidad con las Directivas europeas sobre tarificación de infraestructuras, antes de que se pueda aplicar a las carreteras propiedad de la Diputación de Vizcaya.

Veremos en qué acaba todo esto.