En declaraciones efectuadas a El Norte de Castilla, (aquí pueden leer el artículo completo), el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha demandado al Gobierno de la nación que «tenga un trato igualitario con todas las comunidades autónomas, con todos los territorios, en todos los ámbitos».

Estas declaraciones se enmarcan en el conflicto sobre los peajes en Segovia, el futuro de la concesión de las autopistas AP-6 y AP-61 hacia Madrid y la AP-51 hacia Ávila y las bonificaciones que reivindican distintos ámbitos políticos, económicos y sociales (entre los que se encuentra Asetra, como representantes de uno de los colectivos más afectados por el pago de los peajes). El consejero ha reclamado, como representante de la Junta de Castilla y León, que se siga el ejemplo de otras comunidades.

«Hay tres casos donde lo que se ha hecho es una bonificación de los peajes de quien es titular de la vía, que es en este caso el Gobierno de la nación», ha declarado Sanz Merino. Habla de la autopista del Atlántico, los túneles del Huerna entre León y Oviedo y la autopista del Mediterráneo en la variante de Alicante. En los dos primeros, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abona el peaje a los vehículos recurrentes y pesados, y en el tercero, a todos los viajeros.

También ha destacado la problemática que existe en la travesía de San Rafael, a la que muchos viajeros recurren para evitar las autopistas de pago. Asegura que «se puede actuar de la misma manera» que en las otras comunidades para «mitigar el inmenso tráfico que hay ahora mismo por la travesía».

Hace apenas una semana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirmaba una nueva concesión de las autopistas en 2029, aunque no aclaraba si la AP-6, AP-61 y AP-51 mantendrán los peajes o si habrá exenciones y bonificaciones. Estas declaraciones se dieron como respuesta a una solicitud del Defensor del Pueblo a instancias de la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael. Para decidir sobre las pautas técnicas de esta nueva concesión, el ministerio mandó realizar en enero de este año un informe del impacto que tendría sobre el tráfico y las infraestructuras existentes la liberación de las carreteras.