Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo de 2026, materializadas en el Real Decreto-ley 7/2026 y en vigor desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio de 2026 (este RDL debe convalidarse en el Congreso de los Diputados), han generado una profunda decepción en el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Su impacto real está muy por debajo de lo necesario para compensar la actual escalada de costes.

Esta valoración ha sido expresada con especial contundencia por el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que en su nota de prensa del 23 de marzo advierte de que las medidas adoptadas no solo resultan insuficientes, sino que, en algunos casos, pueden incluso agravar la situación de un sector que ya se encuentra al límite de su viabilidad. El Comité subraya que existe una desconexión evidente entre las medidas anunciadas y la realidad económica de las empresas de transporte, lo que genera una sensación generalizada de decepción e incertidumbre. Pueden leer la nota de prensa del CNTC en este enlace.

Uno de los elementos centrales del paquete aprobado es la ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo. Sin embargo, el sector advierte de que esta cifra no se corresponde con el efecto real que percibirán las empresas. La reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta el mínimo europeo (de 0,379 a 0,33 euros/litro) implica la desaparición de la devolución del gasóleo profesional, lo que reduce significativamente el impacto neto de la medida. En términos prácticos, el CNTC estima que la ayuda efectiva puede situarse en torno a los 15 céntimos por litro, a lo que se añade la falta de garantías de que este descuento se traslade íntegramente al transportista. Existe incluso el riesgo de que esta bonificación se diluya en la cadena de costes o se utilice como argumento para presionar a la baja los precios del transporte, lo que resultaría especialmente grave en el actual contexto de incremento de costes.

En la misma línea, la rebaja del IVA al 10% sobre los carburantes, aunque positiva desde el punto de vista de la liquidez, no supone una reducción real del coste del combustible para las empresas, por lo que su impacto económico es limitado. Esta medida, al igual que la reducción del impuesto especial, no compensa la intensidad del incremento del precio del gasóleo registrado en las últimas semanas, especialmente tras el agravamiento del contexto internacional.

El CNTC pone el acento en un problema de fondo que trasciende la coyuntura actual: la ausencia de mecanismos eficaces de revisión de precios que permitan adaptar los contratos a la evolución real de los costes.

En un entorno de alta volatilidad energética, como el actual, las empresas de transporte se ven obligadas a asumir en solitario el incremento del carburante, al no poder trasladarlo de forma inmediata a los precios de los servicios que prestan. Por ello, el Comité reclama la implantación urgente de una cláusula de indexación verdaderamente flexible, que permita ajustar el peso del combustible en la estructura de costes y facilitar revisiones de precios con carácter frecuente, incluso diario o semanal, evitando que las empresas operen en condiciones de pérdida.

La gravedad de la situación queda reflejada en los datos aportados por el propio sector. Desde el inicio del conflicto internacional, cada vehículo pesado está soportando un sobrecoste medio cercano a los 600 euros semanales en combustible, lo que supone un impacto agregado de casi 450 millones de euros para el conjunto del transporte por carretera. Este sobrecoste está siendo asumido íntegramente por las empresas, lo que está tensionando de forma extrema su situación financiera y comprometiendo la continuidad de muchas de ellas.

Además, el CNTC advierte de que determinadas limitaciones, como las derivadas del régimen de ayudas de minimis, pueden reducir aún más la eficacia de las medidas adoptadas, al impedir que las empresas de mayor tamaño accedan a un nivel de apoyo acorde con el incremento real de sus costes. A ello se suma la necesidad de que los cargadores apliquen de forma efectiva y rápida la cláusula del gasóleo, tal y como establece la normativa vigente, evitando que se produzcan situaciones de contratación por debajo de costes.

En este contexto, el mensaje trasladado al Gobierno es claro y urgente. El sector considera imprescindible la aprobación de un segundo paquete de medidas que corrija las deficiencias detectadas, incluyendo ayudas directas más eficaces y, sobre todo, reformas estructurales que permitan garantizar el equilibrio económico de los contratos. Asimismo, se ha solicitado la convocatoria urgente de reuniones con los ministerios competentes para abordar de manera inmediata esta situación.

El CNTC advierte de que, de no producirse una rectificación en el corto plazo (antes del viernes 27 de marzo), el riesgo para la viabilidad del sector es real y podría derivar en interrupciones en la cadena logística, con consecuencias directas sobre el abastecimiento de bienes esenciales. En este sentido, no se descartan movilizaciones si no se adoptan medidas adecuadas en un plazo inmediato. Como señala el propio Comité, el transporte por carretera es un pilar fundamental de la economía, y su debilitamiento compromete el funcionamiento global del país.

En definitiva, el sector insiste en que el problema no es únicamente la cuantía de las ayudas, sino la falta de un marco que permita adaptar los precios a la realidad del mercado. Sin mecanismos efectivos de revisión de costes, el transporte seguirá absorbiendo en solitario el impacto del incremento del carburante, lo que hace inviable su sostenibilidad a medio plazo.

“El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”, advierte Javier Arnedo, presidente del CNTC.

Más información sobre esas medidas en la página web de Asetra.