El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto a disposición del público, en el marco del procedimiento de información pública, el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. Se pueden presentar observaciones hasta el 13 de mayo de 2022 (último día).

El objetivo es establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los proyectos de zonas de bajas emisiones especificadas en el artículo 14 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética y que deben adoptarse antes de 2023.

La norma se ha elaborado con los siguientes objetivos:

  • Disponer de una legislación homogénea en todo el territorio nacional, que facilite el establecimiento de ZBE a las administraciones públicas y el cumplimiento por parte de la ciudadanía, estableciendo requisitos mínimos que favorezcan la consecución de los objetivos establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo.
  • Contribuir a la mejora de la calidad del aire y del medio ambiente sonoro de los municipios y territorios insulares.
  • Contribuir a la mitigación del cambio climático.
  • Impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles.
  • Fomentar la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte.

La norma se estructura en quince artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, y una disposición final, siendo completada por dos anexos.

La norma recoge la jerarquía por modos de transporte que debe cumplirse a la hora de diseñar las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de las zonas de bajas emisiones, así como las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento de vehículos según su potencial contaminante.

Establece, asimismo, los requisitos mínimos que deben cumplir las zonas de bajas emisiones en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso modal, eficiencia energética y ruido, así como el contenido mínimo del proyecto de ZBE. Se prevé que los proyectos de ZBE deban someterse a un período de información pública de 30 días, y se regula el sistema de monitorización y seguimiento que permitirá evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y el cumplimiento de los objetivos, con el fin de efectuar una revisión del proyecto en un plazo de 4 años desde su establecimiento.

Asimismo, la norma prevé la cooperación y coordinación entre administraciones públicas para dar cumplimiento a los objetivos de las zonas de bajas emisiones y la necesidad de adoptar medidas de coordinación entre municipios, incluyendo la posibilidad de establecer zonas de bajas emisiones supramunicipales.

El real decreto recoge también la necesidad de facilitar medidas de participación de los diferentes agentes sociales y de señalizar las zonas de bajas emisiones, de acuerdo a la señal prevista en la Instrucción MOV 21/3, aprobada por la Dirección General de Tráfico el día 2 de junio de 2021.

Por último, se prevé el régimen sancionador aplicable, remitiendo a la normativa de tráfico a estos efectos.

En cuanto a la parte final de la norma, mediante una disposición adicional única, se prevé la actualización de los objetivos de las zonas de bajas emisiones a las modificaciones de la normativa que se produzcan con posterioridad a la publicación de este real decreto.

Se incluye, además, una disposición transitoria que establece en cuatro años el plazo para la adaptación a la nueva norma de los proyectos de zonas de bajas emisiones establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.